El día lunes 23 de octubre la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT) presentó el libro de Carlos Barthou titulado “La Justicia en la Balanza. Procesos, juicios y condenas por violaciones de los derechos humanos. Chile 1973 y 1990”, el cual contó con la participación del autor del libro; Juanita Aguilera, Presidenta de la CECT; Lucía Sepúlveda Ruiz, periodista y defensora de los Derechos Humanos; y de Javier Pineda, abogado de la Corporación 4 de Agosto. A continuación dejamos la presentación de este último:
En primer lugar, quisiera agradecer la invitación por parte de la Comisión Ética Contra la Tortura. Como ha dicho Juanita, somos una organización hermana que ya lleva bastante tiempo trabajando juntos, y en especial, para nosotros es un honor por la posibilidad de aprendizaje que hemos tenido trabajando con ustedes. Si bien somos una generación que no vivió las ejecuciones políticas y desapariciones forzadas mencionadas en este libro, sí hemos aprendido mucho las consecuencias de estos hechos hasta nuestros días. Pero otra cuestión que quiero mencionar antes de entrar de lleno a la presentación, es un componente fundamental que tiene la Comisión Ética Contra la Tortura: la ética. Una ética de trabajo desinteresado, o sea no es desinteresado, es no remunerado, pero sí interesado por la búsqueda de justicia y se transforma para las generaciones jóvenes en un ejemplo a seguir.
Partiendo la presentación del libro, a nosotros nos encargaron preparar un análisis de cuáles podrían ser las lecciones del contenido del libro hoy en día, cuáles son las secuelas que hoy día se siguen viviendo. Una primera reflexión, a partir del título del libro: «La justicia en la balanza» es sobre la justicia. ¿Podemos hablar en nuestro país de justicia? Siempre se suele usar como sinónimo de Poder Judicial, y pareciera que a veces olvidamos esa reflexión trascendental respecto a qué es la justicia, que es un valor que se ejerce respecto al otro en sociedad, en una relación de alteridad, y que requiere una visión moral sobre cómo vivir en sociedad.
Hablando del Poder Judicial, podemos decir en palabras simples que se trata de una serie de instituciones, de estructuras del Estado, que “imparten la justicia”. Esa es la forma en que se denomina en términos generales, sin embargo, vemos que el Poder Judicial en realidad no imparte justicia, sino que aplica leyes. Y las leyes no son sinónimo de justicia. Vemos que hay mucha ley injusta, a niveles aberrantes, como la Ley Antiterrorista que incluso por estándares internacionales no cumple con criterios mínimos de Derechos Humanos. Pero también vemos una estructura jurídica cristalizada para favorecer a unos pocos y esa es otra reflexión que nos lleva a este libro.
Está claro que en dictadura no existía un Estado de Derecho, pero ¿existe actualmente en Chile un Estado de Derecho? ¿Podemos hablar de un Estado de Derecho cuando existe una cultura de impunidad? ¿Cuando aún se siguen violentando derechos fundamentales de las personas? En Chile no podemos hablar de un Estado de Derecho. Aún cuando gran parte de las leyes están creadas por los poderosos para proteger sus intereses, ni siquiera son capaces de cumplir esas leyes. Ejemplo claro de esto es la militarización del Wallmapu, estableciendo un Estado de Excepción de facto.
Otra reflexión a partir del libro. Este constituye un gran aporte al momento de dimensionar lo que significó la dictadura, porque muchas veces uno se pierde en las cifras, pero esos miles y decenas tienen nombre y apellido, tienen familiares, cumplían determinadas labores importantes dentro de sus organizaciones. A diferencia de otras dictaduras latinoamericanas, la chilena no se caracterizó por asesinatos en masa a determinadas poblaciones, sino que en su mayoría fueron asesinatos selectivos, torturas selectivas – con una existencia mínima de falsos positivos –. Eso marca también la estructura de una generación que hoy la podemos ver, en términos de la composición política de nuestro país.
La reflexión general en torno al libro nos lleva a evidencias que más allá de los escasos casos de “justicia” que ya se han mencionado en esta presentación es que tenemos un derecho penal, desde antes de la dictadura, pensado en una lógica de atacar al pobre, a las clases populares, y de establecer un estado de impunidad al rico. Eso lo podemos ver en términos tan simples como que este derecho penal protege más a la propiedad que a la vida. Esto es visible en que las sentencias en casos de crímenes de lesa humanidad tienen penas mucho más bajas que casos de robo con intimidación, portonazos o abigeato (robo de animales). Y uno se pregunta, ¿por qué se da esta situación?, ¿será que los jueces no están aplicando bien la ley? Y en realidad nos damos cuenta de que la ley, en la mayoría de los casos – más allá de determinados matices y excepciones – está bien aplicada y nos damos cuenta que el problema no es de aplicación de la ley. Sino que nos enfrentamos a un problema estructural de impunidad. El problema es la estructura jurídica que tenemos en nuestro país, la cual no hace más que responder a los intereses de unos pocos.
Otro elemento que podemos destacar del libro, es la existencia de una cultura de impunidad y una cultura de violación de derechos humanos en nuestro país, siendo lo más imporante que esto se extiende hasta nuestros días. Hay muchos civiles, que siguen ostentando incluso funciones públicas, que fueron victimarios de crímenes de lesa humanidad y que jamás han sido procesados. Y, por otro lado, también lo que vemos son violaciones a los derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones políticas, son cuestiones que vemos lamentablemente hasta el día de hoy. No es simplemente una cuestión del pasado.
Sin lugar a dudas, el régimen represivo de la Dictadura no es igual al que vivimos ahora pero, es evidente que hay elementos represivos que parecen haber sobrevivido todos estos años. La tortura es una cuestión muy presente en nuestro país, no solamente respecto a los mapuche, sino también respecto de parte de la población migrante, personas presas, estudiantes. La tortura y represión en algunos casos pareciera ser una cuestión que está absolutamente naturalizada. Estudiantes, sobre todo secundarios, tienen naturalizado que cuando salen a marchar se les puede pegar, se les puede obligar a desnudarse, pueden sufrir tratos vejatorios y humillantes. He aquí un déficit nuestro también. Hemos sido incapaces de instalar este tema dentro de la sociedad, y ahí tenemos un deber bien grande aún por desarrollar. No es solamente una cuestión de que el sistema judicial no funcione, nosotros también tenemos un déficit en socializar este asunto y en cuestionar y combatir a los medios de comunicación de masas, los cuales cumplen un rol importante de ocultamiento y/o de naturalización de la tortura. Nosotros tampoco hemos sido capaces de construir nuestros propios medios de comunicación, y eso implica una tarea también de labor militante, de cómo somos capaces de visibilizar esta situación y salir de este entrampado.
Otro elemento importante han sido los detenidos desaparecidos de esta así llamada democracia, como José Huenante y José Vergara. Las desapariciones forzadas parecían cuestiones que ya no existían, sin embargo, siguen existiendo. Hasta sólo hace un par de días estaba desaparecido el compañero Santiago Maldonado en el Puelmapu. Siguen existiendo asesinatos políticos. Tenemos compañeros trabajadores asesinados: Rodrigo Cisterna, Nelson Quichillao y Juan Pablo Jiménez. Tenemos feminicidios políticos como el de Macarena Valdés, quien fue asesinada por defender su territorio. Hay peñis que han muerto en la lucha por recuperaciones territoriales como Alex Lemun, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío.
Y el otro elemento también importante a propósito de la coyuntura, es la prisión política como mecanismo de desarticulación, de desmoralización, de los y las que luchan. Y esa cuestión quedó en evidencia con la Operación Huracán, donde tuvimos la oportunidad como Corporación 4 de Agosto y CECT de abocarnos un poco al caso, de visitar a los presos políticos que estaban en las cárceles de Angol, el Manzano (Concepción) y Temuco, donde vimos el montaje que se estaba armando en contra de militantes del pueblo mapuche. Estos montajes nos recuerdan los montajes en dictadura, donde existía complicidad de los medios de comunicación, el Gobierno y la Policía.
La reflexión final respecto de esto es que la violación de los derechos humanos no es una cuestión casual. No es simplemente por el placer de estos perpetradores, a quienes les causa satisfacción la tortura o el ejecutar políticamente a militantes del pueblo. Estas violaciones de Derechos Humanos son una cuestión necesaria para el sistema capitalista: fueron necesarias para implantar un determinado modelo y sigue siendo necesaria para desarticular y acallar a todas y todos quienes se les oponen. Entonces, decimos que es indisociable la lucha por los derechos humanos y la lucha por la transformación de este sistema capitalista. No podemos simplemente reivindicar los derechos humanos como si fueran una cuestión de Tratados Internacionales, alejadas de la estructura económica que determina una situación de injusticia generalizada. Si bien ahora estamos hablando de los casos de justicia respecto del Poder Judicial en materia penal, de casos de afectación a derechos civiles y políticos y, principalmente, del más preciado que es el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y psíquica, hay que recordar que la situación de injusticia no se acaba ahí: esto fue necesario para una injusticia social generalizada.
El sistema penal se activa cuando hay sujetos que se rebelan y amenazan la estructura del sistema económico social, el cual se protege mediante la prisión política, las torturas y asesinatos.
Entonces, la tarea imprescindible para obtener fin a la impunidad es la transformación de este modelo. Si no somos capaces de lograr esas transformaciones vamos a tener impunidad garantizada, o a lo más vamos a ver a estos 142 militares cumpliendo penas en Punta de Peuco, quienes fueron entregados por el mismo sistema para intentar acallar los gritos de justicia. No habrá fin a la impunidad sin transformación social.
Y para terminar, tomaré una frase de José Martí: los derechos no se mendigan, se arrebatan. Entender esto es importante: no tendremos justicia simplemente solicitándosela a los poderosos, es necesario tomárselas con nuestras propias manos, porque nunca ha sido nada entregado gratuitamente, todo ha sido fruto de las luchas históricas de los pueblos.
En ese sentido este libro es un aporte importante, no solamente a los dedicados a materias de derechos humanos, sino también para los estudiantes de derecho y futuras generaciones de luchadores. La memoria construye los pueblos: si no somos capaces de recuperar la tradición histórica de nuestras luchas y la memoria por nuestras caídas y caídos, no vamos a ser capaces de pasar de una cultura de derrota a una cultura de triunfo. Es importante que este libro se conozca, se difunda. Nosotros tenemos una tarea importante en esta tarea como generación, la cual realizaremos a través de los distintos instrumentos que tenemos, como la Corporación 4 de Agosto.
Finalmente, agradecemos la invitación, felicitamos al autor por el trabajo realizado y comprometemos nuestro apoyo en la difusión de esta obra y en seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y los derechos de nuestros pueblos. Muchas gracias.
