Por Felipe Zúñiga, ContraCorriente Santiago
El escenario educativo de los últimos dos meses ha estado en permanente ebullición, pese a la poca cobertura de los medios y del silencio de gran parte de las comunidades educativas, sobre todo de aquellas ubicadas en regiones distintas a la metropolitana.
La falta de definiciones políticas del Gobierno en el contenido de sus proyectos de ley, ha permitido la existencia de grandes flancos o vacíos, cuestión que ha aprovechado la derecha más que ninguna otra fuerza, incluidos los movimientos sociales como el educativo.
El día jueves 10 de agosto, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, convocó a todos los estamentos a una ceremonia en el Salón de Honor de la Casa Central de dicha casa de estudios. Más de 2000 personas se reunieron para escuchar los discursos de sus representantes estamentales para luego marchar en dirección al Ministerio de Educación con el fin de hacer entrega de una carta con los puntos críticos de la reforma, siendo detenidos por las fuerzas represivas en plena Alameda. El hito deja imágenes icónicas: rector, vicerrectores y decanos mojados por el carro lanza aguas; estudiantes tomándose las calles en nostalgia de años pasados; y una unión funcionaria-estudiantil que no ocurría hace décadas. Sin embargo, el país no se entera de estos hechos. Las comunidades educativas del resto de la nación no se manifiestan y los noticiarios no informa o lo hacen de manera ineficiente.
Por tanto, podemos conceptualizar los primeros escollos de la movilización como: i) ausencia de cobertura mediática al proyecto; ii) comunidades educativas regionales en evidente letargo y descomposición; iii) una posición unitaria de rechazo al proyecto por parte de las comunidades educativas, pero matizada por posiciones divergentes entre rectores del CUECH, y; iv) una descoordinación notoria de parte de las dirigencias estudiantiles, manifestada en la carencia de plan de lucha para afrontar esta coyuntura.
Por otra parte, la descomposición orgánica del movimiento estudiantil y su desconexión con las generaciones más nuevas, exigió a las distintas dirigencias preparar un calendario que mezcló hitos mediáticos con actividades de difusión y discusión sobre el cuestionado proyecto de ley. Así, la atmósfera que decanta luego de la postergación en 10 días de la votación en el Congreso sobre la idea de legislar, toma nuevos tintes. Ya existe una opinión generalizada al interior de las comunidades educativa sobre lo perverso del proyecto, así como también un conocimiento sobre los 3 puntos críticos: (i) autonomía y gobernanza, (ii) financiamiento y (iii) condiciones laborales. Lo anterior nos obliga a pensar en los movimientos y posiciones de los actores que participan de esta movilización.
La incomodidad de los rectores.
Las estructuras autoritarias vigentes en las Universidades Estatales, que pueden rastrearse en los estatutos creados en época de Dictadura, han sido el caldo de cultivo óptimo para la creación de redes de interés entre quienes manejan el destino de las instituciones universitarias, cuyas figuras mediáticas más evidentes es la de los rectores. La situación más particular es la que vive actualmente la Universidad de Chile, pues la posición de su Rector ha oscilado entre el manejo de los intereses del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), que ve con buenos ojos los recursos que irán a parar al resto de las universidades del Estado, y el rechazo categórico de su comunidad educativa al proyecto de ley. Así, hoy existe un tensionamiento evidente sobre cómo proceder; mientras algunos presionan por un proyecto de ley particular para las universidades más activas al momento de enfrentar la coyuntura, otros -principalmente las comunidades organizadas- han sostenido una tesis divergente y centrada en la necesidad de tener una ley general, pero que se adapte a las demandas democratizadoras y al programa histórico del 2011, sobre todo en lo referente a la gratuidad de la educación pública.
Funcionarios-estudiantes.
Conviene tomar a estos actores en conjunto, pues, como nunca antes en la historia, el estamento funcionario ha pujado por la unidad en la acción y la agitación continua de las comunidades educativas para llamar a quienes todavía se mantienen en el peso muerto de la historia. Sin embargo, esta alianza no ha estado exenta de problemas. Las autoridades intermedias -decanos y directores de escuela- no han mostrado un compromiso real con la coyuntura y han retrasado el avance de la movilización y su masividad. Frente a estos casos particulares, lo mejor sería coordinar actividades a nivel de dirigencias y de base, con el fin de garantizar una movilización efectiva. Ya no estamos en los tiempos de foros y conversatorios cuya finalidad era informar a la comunidad sobre lo dañino del actual proyecto, sino de pensar un quehacer orientado al triunfo, y ese debate no puede ser exclusivo de las dirigencias. Son las bases de ambos estamentos quienes tienen que debatir acerca de cómo ver realizados sus intereses frente a este escenario tan complejo.
Merece un párrafo aparte la situación de la dirigencia estudiantil. Sus esfuerzos se han visto en extremo performativos y hasta desorganizados. Las universidades más movilizadas deben tener por tarea sumar a quienes se han mantenido a raya hasta el momento y eso no se logra sólo con reuniones entre dirigencias. La matrícula estatal corresponde al 16% del total nacional y de esa pequeña fracción aún existe un enorme potencial que movilizar y para eso debemos llegar en masa a dichos espacios, romper con su monotonía y, por sobre todo, hacer vínculos efectivos entre comunidades mediante calendarios de actividades comunes y quehaceres compartidos.
Tampoco debemos hacer equivalentes movilización y agitación. Hoy la tarea es frenar la reforma, abrir espacios para profundizar la democracia al interior de nuestros planteles, asegurar un financiamiento que haga efectiva la gratuidad en las instituciones públicas y lograr condiciones dignas para las y los trabajadores. Pero eso no es todo, asegurar una reforma bajo nuestros términos es solo un paso -importante por cierto- en una lucha general por el aseguramiento de derechos sociales y que abre un nuevo escenario de disputas. La pregunta por la democracia universitaria siempre ha estado acompañada por la de su radical transformación, así se entendió en Córdoba en 1917 y en Chile con la reforma universitaria en 1967. Las comunidades educativas deben prepararse política y orgánicamente para ese debate, y qué mejor que aprovechar este momento de movilización que aún tiene mucho potencial para seguir desarrollándose.
Académicos, un estamento perdido en su inorganicidad.
El estamento académico siempre ha jugado un papel fundamental en cualquier movilización estudiantil, ya sea socavándolas mediante sabotaje y persecuciones, o siendo un aliado más de los intereses democratizantes y sociales que han levantado históricamente los estudiantes. Pese a todo, es difícil tomarlos como un actor unitario, sus organizaciones gremiales son débiles, sus diferencias internas son evidentes y sus traumas históricos también determinan sus posiciones políticas. Para peor, varían su comportamiento según el área del saber a la que pertenecen. De ahí que, para esta pasada, lo mejor sea recomponer lazos en todos los casos donde sea posible, pero tampoco confiar nada relevante en sus fuerzas. Es preciso también distinguir entre académicos que ocupan cargos de poder al interior de las universidades, de aquellos que no lo hacen. Por lo general, son estos últimos los que históricamente han demostrado ser un aporte a los debates y coyunturas, cuestión completamente opuesta a los primeros, pues, como dijimos en un comienzo, su posición en dichos cargos obedece la mayor de las veces a redes de poder clientelares cuyos intereses son difícilmente determinables.
Sin embargo, las fuerzas políticas que pujamos por una transformación de la Universidad, tenemos que tener la claridad suficiente de que nada puede ser muy duradero en el tiempo si no tenemos las fuerzas intelectuales que hagan posible la labor de la Universidad nueva. Resulta vital organizar en torno a un proyecto político de Universidad a todas aquellas fuerzas -incluidos académicos- que rechacen la situación actual de las instituciones estatales y que comprendan la necesidad histórica que existe detrás de los puntos programáticos creados por los estudiantes después de años de movilización y que hoy toman nueva concreción a raíz de la coyuntura específica de las Universidades del Estado.
