APROBACIÓN DE ABORTO EN 3 CAUSALES: SALIENDO DE LAS CAVERNAS
Este lunes 21 de agosto el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por Chile Vamos contra el proyecto de despenalización del aborto en 3 causales (inviabilidad fetal, riesgo de la madre y violación).
Resulta imposible negar que la despenalización en 3 causales mínimas y extremas que ponen a las mujeres en riesgo día a día constituye un avance importante para la recuperación de derechos que nos han sido arrebatados. Sin embargo, es preciso reafirmar que la lucha por la autodeterminación de nuestros cuerpos y de nuestras vidas está muy lejos de terminar en la promulgación de esta ley. En lo inmediato, resulta crucial vigilar de cerca la regulación administrativa que disponga este y el próximo gobierno para los procedimientos médicos atingentes, cuestión respecto de la cual personeros conservadores ya han anunciado será la batalla final en la materia.
En paralelo, es necesario mantener el impulso de los últimos años para proyectar el consenso alcanzado hacia el aborto sin más condición que la voluntad e integridad de la mujer, única forma de restituir la plena dignidad arrebatada por tanto tiempo. Este nuevo consenso entre las distintas fuerzas que han respaldado el actual proyecto será sin duda la prueba de fuego para sectores progresistas y vacilantes que bajo el actual contexto “humanitario” han podido sortear con relativa facilidad el imperativo moral de tomar partido por una maternidad libre y voluntaria.
En otro orden de cosas, el actual resultado favorable ante el Tribunal Constitucional no puede invisibilizar el carácter de cerrojo institucional que cumple el organismo en defensa de la hegemonía del pacto transicional de civiles y militares. Su integración cuoteada entre los palos blancos de los que mandan, sus facultades preventivas y su jurisprudencia histórica son señales inequívocas del talante conservador de su rol institucional, así como de su función anti mayoritaria y servil al régimen político, económico y social que se ha venido imponiendo al pueblo chileno.
VISITA DEL VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS A CHILE: CUADRANDO EL PATIO TRASERO
El viernes 11 de agosto Donald Trump amenazaba al pueblo venezolano diciendo que “tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar, si fuese necesaria”. Dos días después, Mike Pence salía en dirección a América Latina para cuadrar su patio trasero con el fin de aislar diplomáticamente a Venezuela y encontrar apoyo a una intervención militar. De pasada, incluía una solicitud de poner fin a las relaciones comerciales con Corea del Norte.
La sorpresa se la llevó en Chile, primer país de la visita. El Gobierno, a pesar de su subordinación frecuente a los dictados de Estados Unidos, esta vez rechazó la solicitud de cortar las relaciones diplomáticas con Corea del Norte y Bachelet anunció que no está dispuesta a apoyar una intervención militar en ningún país. Las amenazas de Trump contra Venezuela resultaron tener un efecto contrario del esperado: lograron que toda América Latina en lugar de condenar al Gobierno Bolivariano salieran rechazando toda intervención militar.
¿Cómo se explica esta decisión de la Cancillería chilena, de rechazar una solicitud del primer inversionista en el país y el segundo socio comercial? Quizás la influencia y respaldo del primer socio comercial: China. Chile mira al Pacífico y en las próximas semanas las mismas autoridades políticas y empresarios que recibieron a Mike Pence en la Cámara Chileno-Norteamericana de estarán paseando por China buscando nuevos mercados en la Chile Week China, que se desarrollará a fines de agosto. Los empresarios y políticos visitarán Beijing, Chengdu, Shenzhen, Guangzhou, Hong Kong y Wuhan, buscando extender las relaciones comerciales más allá de las zonas costeras, internándose en el subcontinente chino.
EL OJO DE SAURÓN EN NUESTRO SMARTPHONE: NUEVO REGLAMENTO PARA LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
La semana pasada se anunciaron modificaciones al decreto 142 que regula la forma en que las empresas proveedoras de telecomunicaciones manipulan los datos de sus usuarios. Esto se realizaría a través de un “Reglamento sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y de otras formas de telecomunicación y de conservación de datos comunicaciones” que comenzó a ser trabajado mientras Rodrigo Peñailillo era Ministro del Interior en 2014, pero que hoy se encontraría en manos de Mahmud Aleuy, Subsecretario de dicho Ministerio, según la información aportada por el Diario Digital El Mostrador.
Actualmente, las empresas proveedoras de servicios de internet sólo están obligadas a mantener a disposición del Ministerio Público las direcciones IP que registran sus servidores – fundamentales para rastrear el origen físico de una conexión – pero no así, el contenido de nuestras comunicaciones.
La propuesta que hoy está siendo revisada por Contraloría, establece dos elementos principales: (i) las proveedoras no sólo deberán conservar la dirección IP, sino también el contenido enviado incluyendo SMS, mensajes whatsapp, redes sociales en general, por un periodo de 2 años; (ii) el requirente principal serían directamente las policías sin necesidad de mediación del Ministerio Público.
Este reglamento es a todas luces inconstitucional, pues vulnera el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones de todas las personas que usan internet al tiempo que pretende regular por decreto materias que deben ser objeto ley. Entre cuatro paredes en la oficina de Aleuy pretenden establecer una regulación que ni siquiera ha pasado por el simulacro de discusión pública que es hoy el Congreso Nacional.
