«Nacionalicemos las industrias extractivas,
nacionalicemos las minas de carbón,
las salitreras, los bosques, el cobre, la agricultura»
Luis Emilio Recabarren, 1920
Por Juan Obrero
Uno de los momentos históricos de gran trascendencia para nuestro país, fue la nacionalización del cobre, 11 de julio de 1971. Gobernaba el compañero Salvador Allende Gossens, quien encabezaba la alianza de partidos denominada Unidad Popular, cuyo programa contemplaba la recuperación de las riquezas de nuestro país, las que estaban administradas y tenían en propiedad empresas transnacionales norteamericanas. Según cálculos generosos de la época, la inversión inicial fue de 50 millones de dólares. Al momento de la nacionalización del cobre, ya habían pasado 42 años de explotación, lo que motivó al gobierno a manifestar que no se les recompensaría en nada porque las utilidades obtenidas por estas transnacionales (U$3.900millones de dólares) habían sido suficientes. Cabe señalar, que toda la inversión de estas empresas, posterior al inicio de la explotación fue a partir de préstamos de los cuales el Estado de Chile tuvo que hacerse cargo, aumentando la deuda externa. Verificada la nacionalización y expropiación de la gran industria del cobre, EEUU decreta el embargo de todos los barcos que transporten cobre que provengan de Chile.
El acto de recuperación de nuestro cobre no estuvo exento de dificultades: huida de técnicos especialistas del país, el clima laboral se comienza a enrarecer por la situación política, la derecha empieza a intervenir con sabotajes; a los técnicos y profesionales se les pagaba en dólares y no aceptaban pago en moneda nacional, lo que motivó huelgas de este sector.
En los sindicatos primaba el economicismo y la poca comprensión del proceso, no entendían que ya no estaban los «yanquis» administrando las minas, lo que llevó a paro por secciones y huelgas de mayor alcance, culminando en la huelga del mineral «El Teniente» entre abril y junio de 1973, en la cual miles de trabajadores participaron en el clima de sedición que la derecha venía ejecutando.
Aun con todas estas dificultades el proceso no se detuvo. Las minas siguieron funcionando y la mayoría de los trabajadores apoyaron y se comprometieron con la nacionalización, porque era una demanda muy sentida por el pueblo y los trabajadores. Esto era tan así, que la Democracia Cristiana también lo tenía en el programa de su candidato Radomiro Tomic.
El periplo para lograr la nacionalización significó que el 11 de julio de 1971, se aprobara por unanimidad la Ley N° 17.450. Esto significó que ningún sector político se negara a la recuperación de nuestra riqueza principal. Por este hecho histórico, se declaró el día de la dignidad nacional.
Con la distancia natural que da el paso de los años y revisando archivos, se descubre que desde ese momento nos ganamos la libertad de administrar nuestras riquezas, pero también, nos sentenciaron a muerte. Porque el imperialismo no había aceptado que nuestro pueblo decidiera libremente elegir por un gobierno socialista y, además, les privara de extraer nuestras riquezas y explotar a nuestro pueblo. Con el sueldo de Chile en nuestras manos, además de aumentar los ingresos al erario nacional, también se tuvieron que desarrollar capacidades técnicas y científicas y junto con ello la participación de los trabajadores. Lo que generaba una preocupación en el presidente Allende y que hoy en día no pierde vigencia y lo expresa así:
“lo que me preocupa es que los trabajadores entiendan que no estamos recuperando nuestras riquezas y deshaciéndonos de los patrones extranjeros para darles privilegios a los trabajadores y crear una aristocracia obrera, sino todo lo contrario, es para darle oportunidad a todos los chilenos».
Lo que en el fondo se concluye de esta preocupación es que el proceso debía tener componentes solidarios, generosidad, voluntad de hacer las cosas por conciencia y no porque se va a tener un beneficio nivel personal. Y que lo hubo, pero no fue suficiente para revertir el odio de clase de los sectores dominantes, burguesía nacional e imperialismo, que se creían dueños de las riquezas de nuestro país.
Hoy a los 46 años del acto más significativo del periodo relatado, con las necesidades que se manifiestan y como un ejercicio de imaginación, ¿qué pudiésemos haber hecho con todas estas riquezas? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántas casas se podrían haber hecho si nuestro cobre hubiese seguido en manos de los trabajadores?
Ya es historia conocida que las esperanzas del pueblo fueron traicionadas, y que los compromisos de una casta política de revisar las adjudicaciones de las riquezas nacionales y las empresas privatizadas en el periodo de la dictadura para que retornaran al Estado, no se hicieron. Es historia conocida que la Concertación profundizó y perfeccionó el modelo de libre mercado, decretando por ley el traspaso de grandes yacimientos mineros de propiedad del pueblo chileno a empresas transnacionales, las que no pagan ni un «puto» peso de impuesto por muchos años.
Hoy el Estado solo posee el 27% del cobre, lo demás sigue estando en manos de empresas extranjeras. Además, no podemos perder de vista que Chile posee el 50% del cobre que existe en el mundo, lo que nos hace un país muy rico, pero no se traduce en mejor calidad de vida de nuestro pueblo.
No podemos seguir aceptando, que esta situación de injusticia y de entreguismo de los sectores dominantes, se siga prolongando en el tiempo y que a espalda de nuestro pueblo lleven a cabo la privatización del mísero porcentaje que es administrado por el gobierno de turno, con fines muy cuestionables. Hoy más que nunca se hace necesario poner en la palestra la recuperación del cobre y de nuestros recursos naturales, demanda que debe ser contenida en un programa de transformaciones estructurales que desde hace tiempo los movimientos sociales han venido perfilando.
