Por Esteban Spencer, militante ContraCorriente Santiago
Vamos a cumplir un mes desde que comienza el movimiento de un grupo de establecimientos municipales de educación en las comunas de Santiago y Providencia. Las graves denuncias sobre acoso y abuso sexual que realizaron las alumnas de los liceos Siete – Teresa Prats de Santiago y Siete de Providencia llamaron la atención sobre una realidad que también está presente en el resto de los establecimientos de educación pública de nuestro país y que motivó la decidida acción de las asambleas del Instituto Nacional, Confederación Suiza, del Internado Nacional Barros Arana, Liceo de Aplicación y Tajamar, colegios que están actualmente en activa movilización.
En este contexto, entre medio de las páginas del Mercurio, encontramos una vergonzosa entrevista a la Ministra de Educación Adriana Delpiano. Las declaraciones hechas el pasado domingo 11 de junio por Delpiano muestran el grosero desconocimiento de las causas que dan origen a la movilización e incluso degradan la demanda por una educación no sexista a un mero pretexto para “validar a las dirigencias”.
Quizá sea bueno recordarle a la ministra que uno de los elementos más graves (entre muchos) que motivan la protesta de los y las estudiantes tiene que ver con las aberrantes situaciones de discriminación y violencia de género que sufren habitualmente dentro de sus colegios. Este lamentable estado de temor e inseguridad que viven a diario hace urgente una transformación radical de la educación en Chile que se haga cargo de la necesidad de cambiar las conductas desde profesores y funcionarios hacia ellas, y entre las mismas alumnas; de vigilar y controlar la planta profesional de los colegios y aumentar la dotación de personal competente para intervenir en situaciones de violencia; asegurar los medios para que cualquier situación de acoso o abuso pueda ser prevenida y resuelta adecuadamente; de reformar los contenidos sobre salud y sexualidad.
Un ejercicio de memoria mostrará que los petitorios que están levantando hoy las asambleas estudiantiles son similares a las exigencias que alguna vez se hicieron en el 2001, 2006, 2011. Esto muestra cómo la débil estructura del sistema de educación pública va produciendo año a año las mismas miserias que viven una y otra generación de estudiantes. La protesta secundaria es una consecuencia directa de la precariedad en que se encuentran sus liceos: reclaman la mejora en la infraestructura, la instalación de enfermerías, la compra de implementos deportivos y científicos, el aumento de la planta profesional y especializada, una mejor preparación para el ingreso universitario, etc. Estas demandas buscan mejorar las condiciones de trabajo, estudio y vida dignas para quienes integran el sistema público de educación, uno de los sectores que resultó más golpeado por el abandono del Estado en tiempos de dictadura.
Frente a la justicia de la movilización, el discurso del gobierno pretende hacernos creer que las movilizaciones estudiantiles son rabietas que no se justifican, puesto que las reformas que han introducido en el Congreso ya contienen la solución a los problemas estructurales de la educación pública. Esto es falso para todos los niveles. Para la educación básica y media se ha presentado el proyecto de Nueva Educación Pública, también conocida como ley de desmunicipalización, proyecto que ha sido ampliamente cuestionado por los diversos espacios de representación gremial tanto del profesorado como de estudiantado, es decir, por el conjunto de los principales actores involucrados en el proceso educativo. Ambos coinciden en que esta reforma está muy lejos de significar un cambio estructural como se ha prometido, sino que sólo regula una parte del sistema, el municipal, dejando intactos el particular pagado, particular subvencionado y de administración delegada.
Lo anterior resulta problemático por una serie de aspectos: el proyecto de ley no cambia la lógica de mercado impuesta en tiempos de dictadura. Desde la perspectiva económica, mantiene el financiamiento a las instituciones públicas mediante subvención (la famosa fórmula del voucher) y aumenta las vías por las cuales las instituciones privadas reciben fondos estatales, acelerando el sostenido proceso de tránsito desde colegios públicos hacia establecimientos particulares con subvención. Por otro lado, desde el punto de vista administrativo, diluye la responsabilidad del Estado en la planificación y dirección de las escuelas públicas, delegando su administración en una nueva institución autónoma, la Dirección de Educación Pública, la cual sólo se coordinará con el MINEDUC; el grave y progresivo debilitamiento de las escuelas públicas se trata como si fuese un desafío de gestión – cuestión en la cual el Estado se considera a priori como el agente más torpe-, más que la crisis de un modelo económico y social. No se cuestiona ni por un segundo la lógica empresarial de desarrollo social, en cambio, se aumenta la libertad de cada sostenedor para determinar por su cuenta un plan de gestión, se fortalece el modelo de rendición de cuentas para la mejora escolar, y se retirando al Estado aún más hacia un rol de superintendencia.
VIOLENCIA POLÍTICA: ELEMENTOS DE CONTINUIDAD Y CAMBIO
Otro elemento interesante que dirige el discurso de la ministra es la decidida intención de castigar por todos los medios posibles a quienes se movilizan por cambiar la educación. Esta actitud no puede sorprender a nadie, ya que ha sido característica común de todo tipo de autoridades. Se ha vuelto la política tradicional de los gobiernos tanto de la derecha como de la que ahora es Nueva Mayoría. Pauta de cada intendente de turno. Práctica habitual de los alcaldes y alcaldesas en comunas como Santiago, Providencia y Ñuñoa; costumbre de autoridades académicas y administrativas en colegios y universidades.
Esta hostilidad se ha materializado en un amplio y macabro catálogo de prácticas concretas: la violencia y matonaje policial, constantes detenciones arbitrarias a dirigentes, tratos denigrantes y humillantes que califican fácilmente como tortura, la inserción de agentes policiales infiltrados en marchas y manifestaciones, los infames titulares que organiza el cerco mediático que rodea tomas y paros, expulsiones y represalias académicas sólo por nombrar algunos ejemplos.
Todo lo anterior se enmarca en un discurso que presenta, paradójicamente, la movilización como un acto anti-social, como un delito más que merece, como todo crimen, un justo castigo. A esta campaña de desprestigio y lavado de imagen se ha llamado criminalización de la protesta social, y ha sido una fórmula usada insistentemente no sólo contra estudiantes, sino contra el pueblo mapuche en resistencia, sindicatos en huelga y todo aquel que se atreva a cuestionar el acuerdo de gobernabilidad entre el gran empresariado y sus partidos.
En este contexto, este año tenemos un elemento novedoso que aporta el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN): la política del rompe-paga, con la cual la ministra se cuadra feliz. En breves términos, esta estrategia busca hacer responsables a los y las apoderadas de las dirigencias estudiantiles por el monto total de los daños ocurridos a propósito de las tomas de establecimientos educacionales. Esto significa que las direcciones de educación municipal a través de sus abogados, entablan demandas civiles en contra de los padres y madres de presidentes y voceras estudiantiles para obtener, mediante tribunales un pago en dinero. Jurídicamente, la causa que se invoca es la responsabilidad extracontractual que tendrían los centros de alumnos(as) al no cumplir un supuesto deber de cuidado que pende sobre ellos al momento de hacer efectiva una toma.
Esta política fue anunciada con bombos y platillos por la prensa tradicional, quien ha seguido de cerca sus efectos en el estudiantado movilizado. Hemos visto como las últimas entrevistas en diarios y televisión a dirigentes y voceras estudiantiles ha cambiado completamente el enfoque del debate público: desde el conflicto político hacia las consecuencias económicas de la toma de un colegio. ¿Curioso, no? Habrá que tomarse el tiempo de analizar cuidadosamente en qué consiste esta jugada del alcalde auxiliada por los medios.
Lo primero que es necesario mostrar es que cambia el objetivo del ataque, el rompe-paga busca desactivar la conflictividad estudiantil mediante el control que tienen los padres y madres sobre sus hijos e hijas. Es astuto el alcalde, se dio cuenta que puede desalojar una y mil veces el mismo colegio, pero a falta de un delito que sancione la toma de establecimientos públicos no puede formalizar ni retener a nadie, por lo que las mismas estudiantes vuelven apenas se retiran Fuerzas Especiales. Parece una jugarreta, pero Alessandri jugó chueco y las acusó con sus apoderados. Buscó un interés común a todos ellos, un valor universal que los vuelve a todos más receptivos a escucharlo: los amenazó con plata. Es lamentable que un aviso de cobro les sacuda con más fuerza que la denuncia de sus propias hijas sobre abuso y acoso dentro de sus liceos, pero vamos más profundo.
Las demandas apuntan a las estudiantes que dirigen los centros de alumnas. Esto no es menor, y debe ser analizado cuidadosamente. El acto intimidatorio se realiza contra quienes asumen la representación de una asamblea, organismo del cual nace la iniciativa de movilización, la que decide cómo y cuándo manifestarse políticamente, y que forma toma esta acción: si se hacen jornadas reflexivas, paralización de actividades o toma de establecimientos. El origen de las acciones políticas colectivas es la misma organización estudiantil, por ningún motivo serán responsabilidad de individuos particulares, por mucho que las hayan motivado. El real sentido de poner el blanco en las dirigencias es pacificar su actuar, o derechamente inhibir a las estudiantes más conflictivas de asumir posiciones de vocería o conducción.
Ahora, en términos estrictos: ¿Es viable una demanda de este tipo? La verdad, no mucho. Como se dijo antes, la vía que se persigue es la responsabilidad extracontractual, la cual tiene varios requisitos para que un tribunal pueda llegar a declararla. Muy lejos de una respuesta en detalle como merece el caso, es posible identificar algunos puntos muy difíciles para la estrategia de la Dirección de Educación Municipal:
- No podrá probar la culpa de las estudiantes. No existe delito alguno que sancione la toma política de establecimientos, quedando ya sentado que no aplican los delitos de usurpación de inmueble y ocupación violenta por falta de ánimo de señor y dueño no se aplica la infracción de ley como causal de culpa objetiva. Tampoco puede utilizar el eventual deber de cuidado que tendrían los Centros de Alumnos respecto de sus compañeras, cuestión del todo inexistente en los reglamentos estudiantiles, manuales de convivencia escolar, la legislación educativa o la jurisprudencia civil.
- No podrá determinar ni probar los daños. Para hacerlo tendrá que hacer un ejercicio imposible de comparar el estado de los establecimientos educacionales antes y después de la toma, para mostrar con precisión qué daños fueron producidos por las estudiantes. En este tema hay que tener cuidado, puesto que hemos visto cómo se han mostrado daños anteriores a la movilización como productos de ésta. El caso del Liceo 7 de Santiago es vergonzoso, el pésimo estado de uno de los pasillos es uno de los motivos de la toma, ¿cómo puede a la vez ser consecuencia de ésta?
- No podrá establecer la relación causal necesaria y directa entre las acciones de las estudiantes y el daño causado. ¿Podrá saber el abogado de la DEM qué alumna hizo cuál destrozo? Sin esta relación y los elementos de prueba necesarios para darla por establecida, la indemnización no es procedente.
Cualquiera de las razones enumeradas anteriormente bastan, por sí solas, para desmantelar las pretensiones jurídicas del alcalde, pero nuevamente saltan las suspicacias ¿Acaso no lo sabe? Por supuesto que sí, pero el real objetivo que persigue no es hacerse del dinero, sino desactivar la movilización estudiantil. A la luz de esa intención esta estrategia es más que eficaz, puesto que arrastrar este conflicto al plano judicial ya es una ganada para él. Esto porque es perfectamente consciente que un juicio civil significa años de tramitación, costos procesales y profesionales altísimos (de entrada y hasta el fin se requiere de abogado profesional). Recordemos nuevamente que esta demanda busca intimidar a los y las apoderadas, no a las estudiantes.
La jugada de Alessandri consiste en entablar las demandas, mostrar, con toda la ayuda de los medios, que ocurre a quien se moviliza entra a un lento y tortuoso juicio, sabe lo que significa para cualquier familia: un deterioro económico y emocional importante, una incertidumbre que se mantiene por años. Su juego es al desgaste, sabe que no ganará pero la carrera es larga y aliento que entrega la movilización es tan breve como ésta, cuando las protestan caigan los juicios siguen, y ahí es donde llegarán las ofertas de salidas alternativas. Es posible imaginar los futuros titulares: “Bondadoso alcalde Alessandri pacta conciliación con padres de vándalos” La versión final la escribirán ellos, quienes perdonaron a los inútiles subversivos.
¿Por qué tanta molestia?
Todo esto parece increíble, como si la actitud del alcalde fuera de lo más razonable y levantar suspicacias algo propio de una conspiración ideológica. Sin embargo, una recopilación cronológica de la conducta de las autoridades y los medios muestran cómo esto ha sido una estrategia cuidadosamente planificada e implementada a la perfección. La experiencia del Liceo Siete de Santiago es particularmente útil para estos efectos: los primeros desalojos permiten el ingreso de periodistas de televisión y prensa escrita, quienes propagan a la opinión pública un mensaje muy preciso: los destrozos de las tomas. Estos profesionales, con dudoso apego a su ética de trabajo difunden material audiovisual que no correspondía al estado del liceo en ese momento, muestran registros de destrozos, rayados y daños de tomas de otros años e incluso de otros liceos. Luego, ya instalada la idea de que existen, el alcalde tiene cancha libre para implementar la política del rompe-paga. Acto seguido, vuelven los periodistas en masa para documentar el impacto de las denuncias.
Nada de esto es casualidad, la complicidad entre poder político y medios de comunicación es uno de los pilares fundamentales para la reproducción de la ideología dominante. La construcción intencional de discursos que son repetidos al unísono y sin respuesta va moldeando lentamente el sentido común de las masas, preparando el terreno donde van a ocurrir las acciones políticas que luego serán vistas como perfectamente justificadas. Este movimiento coordinado ha sido una de las herramientas más eficaces que ha tenido el bloque en el poder para desacreditar y desactivar focos de conflictividad social en pleno desarrollo.
Este nivel de agresividad y hostilidad que recibe la lucha de los y las estudiantes secundarias se remonta desde sus primeros antecedentes, por allá por el año 1997 y se mantiene constante a lo largo de toda su vigencia: 2001, 2006, 2011, 2013. La razón de ser de esta violencia se explica por la importancia que ha tenido la movilización por la educación en la historia de Chile: es la primera movilización de masas posterior a la dictadura militar. El mochilazo y la revolución pingüina marcan el despertar del pueblo chileno dentro del neoliberalismo chileno, llevando adelante las primeras críticas al sistema político de la transición, rechazando la racionalidad de mercado como la lógica base de la sociedad, hablando por primera vez de derechos sociales por fuera del modelo de mercado. El movimiento secundario fue el punto de partida de la crisis que vivimos hoy, 16 años después.
ANTICIPANDO FUTURO
Por otro lado, la actitud crítica a los partidos transicionales y sus apéndices “juveniles” da origen a otro de los aprendizajes más importantes que incorpora la protesta estudiantil al movimiento popular está en sus formas de organización. El uso de vocerías revocables, la deliberación colectiva en asambleas, la desconcentración orgánica y el rechazo a las jefaturas fueron elementos que la hicieron incontrolable para política de los pactos y negociados convencionales. Estas formas van a determinar hasta el día de hoy a la izquierda estudiantil y sus aparatos políticos, serán los modelos que seguirán las organizaciones políticas universitarias más estables en el tiempo.
Un estudioso de la historia presente, Rafael Agacino, ha dicho que las movilizaciones estudiantiles anticipan el futuro. Cada año de lucha secundaria confirma más esta idea, y es nuestra tarea asegurarnos que este año no sea excepción. Como prefigura del movimiento social, el movimiento que vemos este año tiene una trascendencia radical, puesto que representa como práctica política concreta, tanto en contenido como en forma, el avance del movimiento feminista en nuestro país.
Los petitorios que han levantado las asambleas estudiantiles contienen por sí mismos las razones que evidencian la incorporación de elementos políticos propios de la táctica que ha seguido el movimiento feminista contra los casos de violencia sexual en distintos espacios públicos, y las consecuencias que eso tiene para la construcción de formas orgánicas con presencia y liderazgo de mujeres.
Sin embargo, la proyección de estos petitorios y demandas hacia un relato político de masas capaz de instalar una nueva normalidad de disputa o, su arrinconamiento en los márgenes culturales del régimen es todavía un desafío abierto. Como en otras ocasiones, el resultado dependerá de la capacidad del movimiento estudiantil de sobreponerse a la represión policial, la persecución política y la coaptación echando mano a dos décadas de experiencias de creatividad, unidad y luchas de cara al pueblo.
