Por Catalina Figueroa, Movimiento Salud para Tod*s y militante C2A
A principios del presente año, el ejecutivo visitó la comisión de salud del Senado para declarar que se estaba trabajando en el Proyecto de ley que modifica el Sistema Privado de Salud el que abarcaría de forma integral nuestro sistema de salud actual. Este no lograría estar listo para su tramitación antes del segundo semestre de este año y requeriría ser estudiado y aprobado en un próximo período. La comisión de salud del Senado acuerda entonces la realización de una ley corta de Isapres, con el fin de avanzar en ciertos puntos que ya han sido acordados en esta y que rodean la eliminación de preexistencias y el alza unilateral de los planes de salud entre otros.
En la cuenta pública recién pasada, la Presidenta hace referencia, en torno a salud, al aumento de la cobertura de la ley Ricarte Soto, de la inversión en infraestructura o de médicos y especialistas. No hace referencia en ninguna parte a las intenciones antes mencionadas, de cambiar un sistema de salud que solo se ha dedicado a enfermar. En cuanto a las Isapres, nos informa sólo de la eliminación del embarazo como preexistencia y tampoco indica si considera necesario continuar realizando cambios a estas instituciones.
Es increíble, que un proyecto que lleva descansando más de 4 años y que promete ser “revivido” no sea siquiera mencionado en la cuenta pública presidencial. Sobre todo, cuando las temáticas que abarca son experimentadas a diario por toda la población chilena. Una atención en salud deplorable, únicamente determinada por el nivel socioeconómico y que al parecer no tiene intenciones de cambiar sus cimientos, sino que solo cubrir pequeñas aristas de grandes fallas.
Cuando rastreamos los problemas en torno a nuestro sistema de salud, podemos rápidamente identificar el mayor de ellos: una concepción mercantilizada de un derecho social. Es así como entran a la cancha las Isapres y su negocio, estas cubren la salud del 18% de la población y logran manejar mayores cantidades de dinero que el sistema público, FONASA, que atiende al 76% de la población. Además, parte de los recursos que invierte el Estado en salud (que ya son menores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud) se le entregan a los prestadores privados gracias a la modalidad de libre elección o la compra de prestaciones para cumplir los planes GES. Esto solo ha acrecentado los déficits en camas, de médicos, especialistas, enfermeras, medicamentos, un aumento en las listas de espera y deudas hospitalarias y una larga lista de etcéteras.
Esta visión de la salud, que solo ha favorecido a grupos y familias millonarias, ha acabado con cifras como las que se expusieron hace pocos meses, en donde desde el 2005 más de 11 mil personas han muerto en las listas de esperas AUGE esperando atención médica y sólo el 2016 murieron 25 mil personas esperando la atención de un especialista. El trabajo que queda por delante es largo pero urgente, relevar la salud como un eje fundamental para el campo social y transformar su concepción mercantil se ha transformado en una tarea inminente.
