Por Defensoría Popular de las y los Trabajadores
El 1 de abril entró en vigencia la Ley N° 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales, conocida por la opinión pública como la Reforma Laboral del Gobierno de Michelle Bachelet. Como toda ley, no ha estado exenta de polémicas. Si bien el Gobierno anunciaba mediáticamente como objetivo del proyecto de ley el “emparejar la cancha” entre trabajadores y empleadores, lo cierto es que la Reforma profundizó el sistema de relaciones laborales implementado en Dictadura mediante el denominado “Plan Laboral”. La palabra “modernización” terminó siendo un eufemismo para decir “profundización neoliberal”.
El Plan Laboral, redactado por José Piñera y promulgado en 1980 por la Junta de Gobierno, desmanteló todas las conquistas sociales alcanzadas mediante la lucha de trabajadores y trabajadoras durante el siglo XX. El Derecho del Trabajo tiene por objeto la protección del trabajador, pues reconoce que existe una relación de desigualdad entre empleador y trabajador, sin embargo, para José Piñera el objetivo de la legislación laboral chilena debía ser impedir que el trabajador se movilizara en contra del empleador y que se maximizara la productividad de la empresa, para así aumentar la tasa de ganancia del empresario. La organización de trabajadores y trabajadoras debía impedirse a toda costa, al igual que el derecho a negociar colectivamente y su herramienta fundamental: la huelga.
Este Plan Laboral, impuesto con sangre y fuego, tendría cuatro pilares fundamentales: (i) atomización de la negociación colectiva, reduciéndola a la negociación por empresa y prohibiendo la negociación por sector o rama productiva; (ii) una huelga de papel, limitándola sólo a la negociación colectiva reglada, bajo un proceso sumamente engorroso, permitiendo la figura de los reemplazos externos e internos, el descuelgue y una prohibición extensiva a varios sectores de trabajadores, como los del sector público; (iii) reducción de las funciones del sindicato a labores de bienestar y prohibición de incluir en la negociación colectiva, materias relativas a las facultades de administración y control de la empresa, negando toda posibilidad de avances en materia de democracia económica; (iv) finalmente, debilita la figura del sindicato, al establecer el paralelismo sindical, permitiendo que grupos de trabajadores negocien colectivamente y fomentando la aparición de sindicatos “amarillos”.
Ninguno de estos pilares se cuestionó con la actual Reforma Laboral y, además, debe ser cuestionada por su propio mérito. Desde su origen y tramitación dejó al margen las principales demandas de los trabajadores y trabajadoras cediendo ante las presiones de la alianza político-empresarial que expresa los intereses de la elite.
Esta Reforma Laboral fue resultado del lobby y de la discusión a puertas cerradas, negándose a toda posibilidad de una construcción democrática de una nueva normativa laboral que fuera obra de los y las trabajadoras de Chile en diálogo con el resto de la sociedad.
Peor aún, es un proyecto que no cumple con sus propios objetivos y estándares: no fortalece el poder de los sindicatos ni la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras, no supera el modelo impuesto en la dictadura por el Plan Laboral de José Piñera y, en muchos aspectos, incluso lo perfecciona: el derecho de negociación colectiva se complejiza, el derecho de huelga no se respeta y el derecho de sindicación se dificulta aumentando los quórums de constitución de sindicatos en las PYMES. Tampoco logra siquiera adaptarse a los estándares internacionales establecidos por la OIT y sus órganos especializados.
Esta nueva institucionalidad en materia laboral y, en especial, en la negociación colectiva, no “empareja la cancha”, pues si la voluntad del Gobierno hubiese sido establecer condiciones de simetría a la hora de negociar, la primera medida habría sido establecer una negociación por rama o sector económico, de forma de aumentar el poder negociador de los trabajadores. Por el contrario, mantuvo la negociación a nivel de empresa y estableció figuras solapadas para socavar el derecho de huelga, como son los servicios mínimos y la facultad del empleador de realizar “adecuaciones necesarias”.
Y en esta pésima Reforma Laboral, también hay culpabilidad de ciertas organizaciones sindicales. La CUT salió a apoyar la Reforma Laboral presentada por el Gobierno en un primer momento. Parecía que no había leído el proyecto de ley o bien, conscientemente, había asumido una posición contraria a los intereses de la clase trabajadora. El caballito de batalla de la CUT para defender la Reforma era la “ganada” de la titularidad sindical, que habría permitido al sindicato controlar la extensión de beneficios. Sin embargo, esta medida fue eliminada del texto final de la Ley, pues el Tribunal Constitucional declaró que esta medida era contraria a la Constitución de Pinochet. En el mismo sentido, declaró inconstitucional la prohibición de los grupos negociadores, por lo cual las pequeñas modificaciones legales positivas que traía esta reforma fueron eliminadas. En definitiva, es una reforma laboral realizada conforme a los intereses de los empresarios.
El camino de construcción de la nueva alternativa que soñamos para las trabajadoras y trabajadores de Chile nace hoy y comienza por enfrentar la reforma y los procesos de negociación colectiva que se avecinan con la conciencia de que los derechos colectivos, más allá de que lo diga la ley, pertenecen a los trabajadores y deben ser ejercidos. Sólo la organización y lucha de los trabajadores y trabajadoras permitirá conseguir derechos laborales.
La emancipación de las trabajadoras y trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos.
