Por Nicolás Orozco
La crisis financiera y administrativa que cursa la Isapre Masvida ya lleva un par de semanas en la palestra pública, y los hechos revelados en los últimos días no han hecho más que ahondar esta crisis. Millonarias deudas a prestadores privados y al Estado, la caída de posibles asociaciones con grupos financieros que rescataran a la ‘’Isapre de médicos’’ del naufragio económico, y los esfuerzos por parte de la Superintendencia de Salud para sacar a la empresa de la crisis, entre otros hechos, revelan que por diversas razones, la supuesta crisis financiera tiene causas mucho más profundas.
Primero, y mucho más evidente, es que ante malas decisiones financieras y administrativas por parte de los directivos de la Isapre (y uno que otro acto corrupto a la interna y una mala fiscalización de la Superintendencia), quienes más sufren la mala situación económica de la Isapre son quienes también sufren las consecuencias de un sistema de salud mercantilizado: las y los afiliados, que han estado en la incertidumbre últimamente al no tener claro que será de su aseguramiento en salud a futuro, o no pueden sacar provecho de todos los servicios que las supuestas Isapres deberían brindar (lo que se vio, por ejemplo, cuando la clínica Santa María decidió no aceptar bonos a esta Isapre).
Segundo, y relacionado con que las personas afiliadas son las que más sufren las consecuencias, está la contradicción de las Isapres y la supuesta ‘’libertad’’ que debería brindar a la persona que busca ‘’consumir’’ los servicios de salud que mejor se acomode a su situación. Esto se hace patente con la decisión que tomó la Superintendencia de no permitir que las personas inscritas en Masvida se desafilien. Al menos no por un mes (plazo que debería terminarse los primeros días de abril).
Y tercero, está el actuar de la Superintendencia de Salud, que a toda costa busca evitar el colapso de la Isapre, y así, evitar que se haga evidente la crisis del sistema y la contradicción del sistema de Isapres. Además, desde los inicios de esta crisis que la Superintendencia ha tenido un flojo rol fiscalizador. Y a esto se suma la pasividad que el gobierno de la Nueva Mayoría ha tenido con respecto a hacer una transformación estructural al sistema de salud, pateando la reforma año tras año. Reforma que por lo demás, es insuficiente, ya que su intención no era más que persistir con lo mixto del sistema, y hacer que el negocio de las Isapres se vea mucho más amigable. ¿Será porque algunos diputados de la Nueva Mayoría (entre los que están Miguel Ángel Alvarado y Juan Luis Castro, integrantes de la comisión de salud) o el esposo de la Ministra de Salud son accionistas de esta Isapre quebrada?
Queda claro entonces que más que una crisis de gestión (como siempre afirman las personas que defienden el neoliberalismo cuando su lógica mercantil falla y perjudica a quienes menos tienen), la crisis de Masvida es reflejo de una crisis ideológica del actual sistema de salud mercantil e individualista, ya que es imposible que se impriman lógicas de mercado en algo tan fundamental como la atención en salud de un país. Esto es a corto, mediano y largo plazo, insostenible e injusto para quienes tienen menos oportunidades. Esto obliga a que cualquier transformación profunda al sistema de salud que se piense, debe incluir de todos modos el fin de las Isapres y la prohibición irrestricta de negociar con la salud del pueblo.
