Por Javier Pineda, Unión Clasista de Trabajadores
Los trabajadores del sector público pertenecen a uno de los sectores con mayor tradición de lucha dentro de la clase trabajadora. A pesar de las restricciones legales, como la prohibición constitucional del ejercicio de derecho de huelga, los trabajadores del sector público se movilizan año a año para negociar reajustes salariales que se materializan vía Ley de Presupuesto.
No obstante los triunfos que han logrado mediante esta experiencia única de negociación por rama sostenida año a año de facto, la situación laboral de los trabajadores del sector público se ha ido precarizando cada vez más. Si antes el trabajo en el sector público podía ser caracterizado tanto por la estabilidad laboral que gozaban sus trabajadores como por salarios sobre el promedio nacional, la situación ha cambiado.
La estabilidad laboral sólo aplica para los trabajadores a planta, sin embargo, para la gran mayoría la tónica es la inestabilidad laboral. Los trabajadores a contrata viven con la incerteza si les renovaran su trabajo por un año más, mientras que los trabajadores a honorarios – el boletariado – sufre de igual inestabilidad laboral, pero con una situación de precarización mucho más agravada, pues no tienen acceso a la seguridad social, no tienen previsión de salud ni fuero maternal, sólo pueden sindicarse a través de la figura de Sindicatos de Independientes y no tienen ningún beneficio de los cuales gozan los trabajadores de la Administración del Estado. Así, la gran mayoría de trabajadores de sector público se encuentra en situación de contrata y de honorarios (según información del SII sólo los trabajadores a honorarios serían más de 300.000).
En cuanto a los salarios altos, estos sólo aplicarían a altas autoridades como Parlamentarios, Ministros y Jefes de Servicios, como también a operadores políticos nombrados por los diferentes partidos políticos (llamados “asesores”). La mitad de los trabajadores recibe menos de $440.000 pesos, existiendo aún sueldos más bajos para las trabajadoras del sector público, quienes en su mayoría recibirían salarios inferiores a los $400.000 pesos. Conforme al estudio realizado por la Fundación Sol la mediana de los salarios de los trabajadores del Sector Público sólo superaría en un 5% la mediana de los salarios de los trabajadores del Sector Privado (considerando a aquellas empresas con 200 o más trabajadores).
Bajo este contexto, los trabajadores del Sector Público agrupados a través de la Mesa del Sector Público que reúne a las 15 organizaciones principales del Sector, siendo sólo una de ellas la ANEF, solicitaron un reajuste del 7%, lo cual significaba en promedio un aumento mensual de los salarios de $7.500 pesos. El Gobierno ofrecería como reajuste sólo un 3,2% que alcanzaba a cubrir la inflación y un aumento real de 0,2%, lo cual significaba en promedio un aumento de $1.500 pesos. Con la excusa del ajuste fiscal por la “crisis” que enfrentaría el país se decide que el costo sea pagado por las y los trabajadores. No hay plata para los trabajadores, pero sí hay plata para subsidiar a los privados en las áreas de la salud (pago al arriendo de camas a clínicas privadas), educación (transferencia de recursos a los bancos mediante el CAE), transporte (subsidio a las empresas del transantiago), entre otros. Incluso hay plata para mantener las altas dietas de los parlamentarios, quienes se niegan a subirle el sueldo a los demás trabajadores.
A pesar de las movilizaciones y paralización del Sector Público, que alcanzó su peak el día 4 de noviembre con el llamado a Paro y Jornada de Protesta Social de la Coordinadora No+AFP, el Gobierno mantuvo su intransigencia. No subió ni un peso la propuesta.
La Cámara de Diputados en un primer momento rechazó la propuesta de reajuste del Ejecutivo. Los diputados de derecha aprovecharon la oportunidad para dejar en evidencia las diferencias al interior del Gobierno. Sin embargo, luego de dos semanas el show ya había sido suficiente. La derecha y la Nueva Mayoría aprobarían el reajuste del Gobierno, sin cambiar en nada la situación respecto al primer rechazo. Si bien algunos quisieron centrar la culpa en el Ministro de Hacienda, el conflicto era responsabilidad del Gobierno en su conjunto, incluyendo a la Presidenta Bachelet. Y la vergüenza de la jornada también se extiende al Partido Comunista, quienes dieron la espalda a los trabajadores y no fueron capaces de rechazar la propuesta del ejecutivo. Decidieron abandonar a los trabajadores para mantener las buenas relaciones con los empresarios y el Gobierno.
Las dirigencias de la ANEF y del Sector Público pasaron por sobre sus bases y decidieron bajar la propuesta a un 4% de reajuste. Sin embargo, dicha humillación no sería suficiente para hacer cambiar de opinión al Gobierno, el cuál no ofrecería ningún peso más. A pesar que los dirigentes de la ANEF y de la Mesa del Sector Público son militantes de los Partidos de Gobierno, como Carlos Insunza – quien es militante del PC – y Raúl de la Puente- quien es militante del PS -, el Gobierno no dudaría en desconocer sus peticiones y obligarlos a que sumisamente, sin consulta alguna a los trabajadores, depusieran el paro nacional. Quizás sus partidos se disculpen ofreciéndoles cupos parlamentarios en las próximas elecciones.
La derrota deja un sabor amargo en la clase trabajadora. Deberá aprenderse de esta experiencia y se deberá luchar en contra de los mitos que rondan sobre las condiciones laborales de los trabajadores del sector público, luchar en contra de los operadores políticos y burócratas que utilizan al Estado para enriquecer sus bolsillos, y lograr mayor organización y grados de concientización para que futuras movilizaciones del sector público pongan en jaque al Gobierno y este no pueda desconocer la voluntad y pretensiones de los trabajadores.
No sólo las empresas privadas son un mal el empleador. El Estado también lo es. La única solución es la organización de los trabajadores, sin importar quien sea su empleador y así plantear la lucha de la clase trabajadora unida por condiciones dignas de trabajo.
