Elementos para un balance del movimiento estudiantil durante el gobierno de la Nueva Mayoría

El escenario político que se configura post-ingreso del proyecto de ley de reforma de educación superior por parte del gobierno sin duda pone al movimiento estudiantil ante uno de los más grandes desafíos que le ha tocado enfrentar en sus años de historia reciente. Para enfrentar dicho escenario, la herramienta más poderosa de la cual disponen los estudiantes es, justamente, la propia experiencia acumulada del movimiento estudiantil. A continuación, se presentarán algunos elementos de balance de lo que ha sido el movimiento en los años del gobierno de la Nueva Mayoría, con el objetivo de contribuir al debate estratégico y programático que los estudiantes deben dar en los próximos días.
Por Fernando Quintana, Consejero FECH
El programa estudiantil frente a la Nueva Mayoría
Las movilizaciones estudiantiles del año 2011 constituyeron una violenta irrupción por parte de los estudiantes como actor político en la escena nacional. La fuerza del movimiento estudiantil, inédita en los años post-dictadura en nuestro país, le permitió consolidarse como uno de los movimientos sociales con mayor capacidad de incidencia en la discusión política nacional, dinamizando con ello el proceso de rearticulación y de organización de amplias franjas del pueblo. Sin embargo, la posición de fuerza construida por los estudiantes no se tradujo en un triunfo político durante ese año ni los años siguientes, con lo cual las movilizaciones estudiantiles continuaron en los años sucesivos, con avances y retrocesos y adquiriendo grados mayores de desarrollo político en su interior.
El año 2014, con la llegada del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el panorama cambiaría radicalmente para los estudiantes. El gobierno de Sebastián Piñera, evidentemente contrario a las reivindicaciones estudiantiles, había sido un interlocutor fácil de enfrentar, en tanto la contraposición de intereses era tan clara que no era necesario un desarrollo programático demasiado sustantivo para seguir haciéndole sentido a la mayoría de Chile como movimiento estudiantil. La Nueva Mayoría, en cambio, llegaba al gobierno con un discurso que, al menos en principio, parecía favorable a los intereses estudiantiles, además de contar con el apoyo explícito de ciertos sectores políticos del movimiento estudiantil y con la presencia de varios ex-dirigentes en sus filas.
Lo cierto es que la concordancia programática con los estudiantes que el gobierno anunció en su arribo a la Moneda distaba mucho de la realidad. No pasó mucho tiempo antes de que los estudiantes nos diéramos cuenta de que la voluntad política del gobierno coincidía con el mantenimiento del modelo actual en materia de educación, y las “concordancias” programáticas correspondían apenas a las concesiones mínimas que era necesario hacer para poder procesar las demandas de los estudiantes sin tocar los pilares esenciales de la educación de mercado.
Así, un elemento central de la estrategia del gobierno ha sido la cooptación programática, es decir, difuminar la contraposición de intereses existente entre las demandas estudiantiles y los de aquellos sectores a quienes la Nueva Mayoría representa. Lo anterior obligó a los estudiantes a profundizar su programa en miras a evidenciar y agudizar la contraposición de intereses entre los estudiantes y los empresarios de la educación, amparados por el gobierno.
Sin embargo, dicho proceso de profundización programática no tuvo los mejores resultados. Si bien es cierto que hubo un avance cualitativo en el desarrollo y la maduración del programa del movimiento estudiantil, existieron al menos tres problemas considerables. En primer lugar, hubo discusiones que no pudieron resolverse de manera clara, y que en definitiva no permitieron agudizar la contraposición política con el gobierno. Es el caso del problema del financiamiento estatal y las instituciones que debiesen recibirlo.
En segundo lugar, la discusión programática no asumió una perspectiva multisectorial clara, lo que hubiera implicado un fortalecimiento conjunto de la posición de los estudiantes y de los distintos sectores del pueblo que se han venido levantando en la lucha por sus intereses, tales como los movimientos de defensa por los territorios o las movilizaciones de distintos sectores de trabajadores a lo largo de Chile.
Por último, la discusión programática se dio en torno a la agenda política del gobierno, lo cual impidió la consolidación de un proyecto educativo popular en términos estructurales. Esta es, sin duda, una de las causas de que la iniciativa política no volviera a estar en manos de los estudiantes, perteneciéndole desde entonces mayoritariamente al gobierno.
Dividir para gobernar
El mundo educativo, y por ende la crisis del modelo de educación en Chile, es un todo complejo dentro del cual los estudiantes, y en mayor medida los estudiantes representados por el Confech, son sólo una parte. El conjunto de los actores movilizados exigiendo respuestas en materia de educación abarca también a los secundarios, a los docentes y a los trabajadores de la educación, cada uno con sus respectivas formas de organización.
Dicha diversidad de actores, y por ende de reivindicaciones, era a la vez una potencialidad y un peligro para el movimiento estudiantil. Era una potencialidad, en tanto una articulación sólida entre los distintos programas de los actores del mundo educativo hubiera implicado mayores posiciones de fuerza en la movilización, poniendo al gobierno en la posición de no poder resolver el conflicto educacional a menos que fuese en su conjunto, de manera estructural. Pero era un peligro, en tanto grados insuficientes de articulación entre ellos permitiría al gobierno enfrentar el conflicto educacional de manera parcelada, dividiendo a los actores y desmejorando enormemente la posición de fuerza de cada uno.
Lamentablemente, esta última posibilidad fue la que se convirtió en realidad y constituye uno de los más grandes fracasos del movimiento estudiantil.
En efecto, no se logró articular programáticamente a los distintos actores del mundo educativo, sino que dicha articulación se limitó a algunas coordinaciones para convocar a movilizaciones y puntos de prensa en conjunto. Las movilizaciones del gremio docente del 2015 pasaron por el lado del Confech, cuyas dirigencias no impulsaron procesos de unidad programática con dicho movimiento, aunque es indudable que también le cabe una cuota importante de responsabilidad por dicha ausencia a la conducción del PC a través de Jaime Gajardo. Por otro lado, y en gran parte debido a la crisis de representación del movimiento secundario, tampoco existió una articulación programática sólida con dicho actor.
El resultado de lo anterior, palpable al día de hoy, es que la reforma a la educación secundaria y la reforma de la carrera docente ya están en buena medida consolidadas, lo cual implica un factor de desmovilización para dichos actores. De esta manera, los estudiantes universitarios se encuentran más bien aislados para este 2016, donde el gobierno ya ha anunciado que será el año de la reforma en educación superior.
El moviemiento estudiantil y los tiempos del gobierno
Por último, un balance de estos años debe incorporar una perspectiva crítica sobre las definiciones estratégicas impulsadas por las fuerzas políticas que tienen la conducción del Confech. Dichas definiciones estratégicas, a grandes rasgos, pueden ser caracterizadas bajo el rótulo de la colegislación. La colegislación implica una opción por asumir al movimiento social como un actor cuya tarea fundamental es incidir en el proceso legislativo, por medio de la presencia en las instancias que el gobierno acceda a abrir para ello (mesas pre-legislativas, diálogos ciudadanos, etc.). La movilización, en ese sentido, es un medio orientado a obtener una posición de fuerza que permita que dicha incidencia sea lo más efectiva posible.
Una consecuencia práctica de la tesis de la colegislación es que termina por subordinar al movimiento social a los tiempos del gobierno, lo cual en definitiva le da a éste último una posición de maniobrar con bastante holgura respecto a los estudiantes y en último término merma su fuerza movilizadora. La Nueva Mayoría, aprovechando lo anterior, ha optado por una posición semejante a una guerra de desgaste, usando a su favor los tiempos políticos para enfrentar de manera parcelada el conflicto educacional, como se dijo más arriba, y para diluir el conflicto de la educación superior, lo que se ha traducido en los anuncios contradictorios que se suceden unos a otros, los amagues de presentación de proyectos de ley, las constantes demoras en los tiempos anunciados, entre otros.
El conflicto que el Tribunal Constitucional zanjó de manera adversa para el gobierno en torno a la gratuidad vía glosa presupuestaria debe ser analizado desde este punto de vista. No es que el Tribunal Constitucional haya sido una muralla inesperada para el gobierno en la cual chocaron sorpresivamente sus buenas intenciones de reforma. Todo lo contrario, el Tribunal Constitucional es uno más de varios mecanismos en torno a los cuales está estructurado nuestro sistema político, cuyo objetivo es contener e impedir toda posibilidad de cambio. De esta manera, la subordinación a los tiempos del gobierno, que pone en sus manos la iniciativa política en torno a la reforma educacional, terminó con las discusiones políticas sustantivas dándose en espacios donde los estudiantes no tenemos mayores posibilidades de ganar. Pecan de ingenuos quienes ven en el Tribunal Constitucional y no en el gobierno los límites para la gratuidad en los términos que los estudiantes la han exigido.
Proyecciones para el año de la reforma
Luego de meses de anuncios y postergaciones del ingreso del proyecto, en lo que evidentemente constituyó una estrategia del gobierno de apostar al desgaste del movimiento estudiantil, finalmente fue ingresado el proyecto de ley de la reforma a la educación superior. Dicho proyecto de ley, en una constatación que a nadie debería sorprender, no responde a la necesidad de cambios estructurales que los estudiantes llevamos años planteando, sino a los perfeccionamientos que el modelo actual necesita para poder seguir vigente.
Frente al ingreso del proyecto, algunas corrientes dentro del movimiento han señalado que nuestra tarea en este escenario es incidir en el proyecto del gobierno, para ganar una reforma educacional en los mejores términos posibles. Esa incidencia se traduciría en volcar la fuerza de la movilización estudiantil en los espacios de la institucionalidad, ya sea haciendo lobby, negociando o presentando indicaciones al proyecto de ley a través de los parlamentarios de la bancada estudiantil. Dicha posición parte de la premisa de que el parlamento es un espacio de disputa, donde los estudiantes podemos ganar una reforma en nuestros términos o, al menos, lo más parecido a ellos que se pueda.
Resulta evidente el problema de semejante posición. El parlamento, cuna de corruptos que han demostrado responder a un interés antagónico al interés de la mayoría del pueblo, es un espacio estructuralmente incapaz de producir transformaciones en favor del pueblo de Chile. En ese contexto, entregarle la legitimidad de nuestra participación a un proyecto de dichas características a cambio de lo poco y nada que podremos obtener, es un intercambio tremendamente desfavorable para los estudiantes, pues en esas condiciones la eventual aprobación de la reforma a la educación superior va podría constituir un cierre efectivo del conflicto educacional aunque no se hayan satisfecho los intereses de los estudiantes.
La tarea del movimiento estudiantil para este año 2016 debe ser construir la mayor posición de fuerza posible en rechazo de la reforma de educación superior del gobierno, y exigiendo los cambios estructurales que la educación pública necesita por medio de una contrapropuesta popular de reforma a la educación superior. Dicha propuesta debe servir no sólo para demarcar la posición de los estudiantes frente a la del gobierno, sino también para aglutinar a la mayor franja de pueblo posible en torno a la lucha contra la reforma del gobierno.
Para construir dicha posición de fuerza, los estudiantes deben poner sus énfasis programáticos en aquellos elementos que evidencian con mayor agudeza la contraposición de modelos y proyectos educativos con el gobierno: 1) La expulsión de la banca privada de la educación, lo cual se traduce fundamentalmente en las discusiones sobre los mecanismos y criterios para el financiamiento de las instituciones de educación superior y la exigencia de condonación de la deuda educativa y; 2) La comprensión de la educación pública como un derecho social que debe ser garantizado por el Estado, lo cual se traduce en la discusión sobre el marco general de un sistema nacional de educación pública vinculado a una estrategia nacional de desarrollo, la ampliación de la matrícula en instituciones públicas y qué hacer con los planteles educativos que incurren en lucro.
Por otro lado, para construir dicha posición de fuerza, la elaboración programática y táctica de los estudiantes en torno a la contrapropuesta y el plan de movilización que le dé sustento debe ser realizada en conjunto con la mayor cantidad de actores sociales posible. Dentro de dicho conjunto, los trabajadores de la educación deben jugar un papel fundamental, pues durante estos años ya han dado muestras de ser el principal aliado estratégico para el movimiento estudiantil.